Si bien América Latina experimentó un aumento de los flujos migratorios debido a conflictos armados en el siglo XX, como por ejemplo en Nicaragua, El Salvador o Colombia, ninguno de ellos alcanzó proporciones similares a la actual crisis de refugiados y migrantes venezolanos que ha generado el desplazamiento de 7.239.953 personas a nivel mundial, de las cuales 6.095.464 se encuentran en países de América Latina y el Caribe. Dicho fenómeno ha sido reconocido como una de las mayores crisis de refugiados y migrantes a nivel mundial, recibiendo así la atención de diversos actores de asistencia humanitaria como agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y nacionales. Pero aún más destacable, y que algunas veces tiende a ser pasado por alto, es la intervención de la diáspora venezolana para atender las necesidades de sus compatriotas.
El régimen de Nicolás Maduro es responsable del desplazamiento forzado de personas, tanto externo como interno, debido a una combinación de elementos como el colapso económico y de servicios públicos que agudizó la inseguridad alimentaria, junto con la violencia generalizada y las violaciones a los derechos humanos. Es así como en los últimos 5 años, Colombia ha sido el principal país de destino de refugiados y migrantes venezolanos, teniendo en cuenta los lazos culturales compartidos como el idioma y una extensa frontera común, lo que se refleja en las 2.477.588 personas que han ingresado al país a marzo de 2023.
Sin embargo, es preocupante que esta crisis sea una de las emergencias menos financiadas del mundo, ya que en 2021 la Organización de Estados Americanos (OEA) consideraba que “un refugiado venezolano vale diez veces menos que un refugiado sirio”. Una triste realidad que se confirma con la inclusión de Venezuela en la lista de crisis olvidadas de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas. Además, según la Plataforma de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), de los 1.790 millones de dólares requeridos para la implementación de todas las iniciativas propuestas en 2022 sólo se recibieron 667 millones de dólares, y en el caso específico de Colombia, de los 802 millones de dólares identificados para la atención de población migrante venezolana sólo fueron efectivamente recibidos 366 millones de dólares.
Dentro de este contexto es necesario resaltar el papel de las organizaciones de la diáspora venezolana en Colombia, ya que logran identificar y llegar a su población en todo el territorio, principalmente a través de canales digitales como las redes sociales. Es allí donde los refugiados y migrantes llegan en busca de información, también donde pueden establecerse interacciones que sumen voluntarios a su causa, así como donde se visibilizan actividades y resultados, permitiendo que las organizaciones de cooperación internacional las reconozcan como potenciales aliados estratégicos. Entre los diversos objetivos de estas organizaciones se encuentra brindar asistencia humanitaria, brindar información y asesoría sobre derechos y trámites legales, y generar espacios y programas de integración a la sociedad colombiana.
Tal ha sido el caso de la Fundación Manos Amarillas que ante la tendencia migratoria al alza desde 2017 ha dedicado esfuerzos para asistir con alimentos, ropa y medicinas, a los llamados “caminantes” en zonas de frontera y/o a lo largo de las rutas que toman para llegar a las capitales colombianas o continuar hacia países como Perú, Ecuador o Estados Unidos. Asimismo, organizaciones como Venezolanos en Barranquilla se han enfocado en difundir información sobre la implementación del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, socializado por el gobierno colombiano en febrero de 2021, que permite la integración socioeconómica, el acceso a beneficios sociales y su tránsito de un estatus jurídico temporal a un régimen migratorio ordinario en un periodo de 10 años. Por otra parte, la corporación Colonia Venezolana en Colombia, fomenta programas de emprendimiento que van más allá de las actividades de integración sociocultural, en la medida en que busca impulsar el crecimiento y la productividad de las comunidades de refugiados y migrantes a través del fortalecimiento de pequeños y medianos empresarios.
Por otro lado, es interesante cómo se pueden evidenciar diferentes movimientos migratorios a causa de la actual crisis humanitaria, pues la mayoría de las organizaciones incluyen en sus esfuerzos el apoyo a poblaciones retornadas colombianas que fueron acogidas inicialmente a partir de los años 70 a causa del conflicto armado interno y la entonces favorable situación económica de Venezuela. Tal es el caso de la Fundación De Pana Que Sí que surgió tras la crisis diplomática que llevó al cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela en 2015, lo que impulsó a su fundador a atender también a los retornados y sus hijos venezolanos con trámites para la obtención de su nacionalidad.
Aunque las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela se han restablecido y la frontera está nuevamente abierta desde 2022, el flujo migratorio sigue en aumento y los retos persisten, pues un estudio sobre inclusión financiera realizado por el Banco Mundial concluye que 96% de los entrevistados mencionó su intención de quedarse en Colombia. Por ello, las organizaciones de la diáspora venezolana siguen siendo tan valiosas como siempre, y vale la pena aplaudir que se agrupen como miembros de la Coalición por Venezuela, una federación reconocida por la OEA que busca articular sus acciones dentro y fuera de Venezuela.
De manera que es importante recordar que estas organizaciones no están solas en esta tarea, ya que han logrado establecer alianzas con agencias del sistema de las Naciones Unidas, así como con organizaciones internacionales. Pero también con instituciones del gobierno colombiano, organizaciones colombianas y del sector privado e instituciones académicas. Es a través de la creación de redes de apoyo con todos los actores involucrados, que las campañas de regularización podrán tener el alcance deseado y la reducción de formas discriminatorias como la xenofobia y la aporofobia serán efectivamente abordadas, permitiendo así la integración exitosa de aquellos que deseen permanecer en territorio colombiano.
